Entre villas y castillos

David Rabinovich

Columnista

Las propuestas. Los partidos, los sectores, los candidatos… todos prometen una campaña “propositiva” y casi ninguno hace alarde de espíritu de confrontación. Hasta para los que antes fundamentaban en ella sus posiciones, la lucha de clases es cosa de otras épocas; ahora “todos” trabajaremos en conjunto, como si fuera posible que “todos” vieran satisfechas simultáneamente sus aspiraciones contrarias.

Las ideas. Pero la diversidad de puntos de vista, de énfasis, de intereses, es muy amplia. Naturalmente surgen ideas que se contraponen. Y luego acciones que se enfrentan, que “nos” enfrentan.

Las ideologías. Cuando un conjunto de ideas representan los intereses de un grupo más o menos amplio de individuos, estos tienden a juntarse, organizarse, captar más adeptos, tener más poder y muy en especial, difundir ampliamente ese conjunto de ideas. Disponer de “los medios”, para defender intereses sectoriales, es un tema clave para la distribución del poder en la sociedad.
Estamos hablando de algo más que de los hinchas de un club de fútbol. Se trata de sectores de la sociedad con intereses comunes que agrupan y ordenan las ideas para constituir ideologías. Más temprano que tarde se adquiere conciencia del valor de la unidad en la acción para quienes tienen y pretenden defender intereses comunes. Si amplios sectores logran visualizar una comunidad de intereses y la contraposición que existe con los de otros actores de la sociedad, surge la síntesis que permite construir organizaciones amplias y poderosas.
Pensemos en trabajadores, intelectuales, profesionales, pequeños empresarios: los pobres y las clases medias tienen una comunidad de intereses, pueden alcanzar importantes niveles de unidad, generar una síntesis que permita organizar un proyecto común de sociedad. Pero hay otro grupo social muy poderoso, pueden ser pocos, pero tienen mucho. Y desde hace milenios ejercen su poder de forma despiadada. Se adaptan sí, pero no están dispuestos a perder su dominio, ni sus dominios. Tienen los medios de producción y los medios de comunicación.

Los objetivos y los modelos de gestión. En tiempos de zafra electoral, los políticos desparraman promesas al voleo. Generalidades como solucionar los problemas de inseguridad, erradicar los asentamientos, construir una educación eficiente, moderna y que incluya a todos, hacer carreteras y puertos y una larga lista que desborda lo que me pueda quedar de memoria. Las soluciones de todo lo que se percibe como problema requiere, para su solución, de recursos y gestión. Generalmente muchos recursos y siempre buena gestión. ¿Cómo discernir detrás de los discursos y las promesas las verdaderas intenciones? ¿Cómo saber con qué intereses está realmente comprometido el candidato?
Una primera pista la tenemos si analizamos la importancia relativa que cada uno asigna a las políticas que fomentan un “buen clima de inversión” o si el mayor interés está en cómo satisfacer las necesidades de la gente. Qué derechos defienden con más esmero: los del capital o los derechos humanos.

Derechos humanos. Vale recordar que en esta materia se avanza en el reconocimiento de nuevos derechos como inherentes a la condición humana. La distancia entre su disfrute y goce pleno con la realidad que viven los pueblos, marca mejor que ningún otro indicador los avances y retrocesos de las sociedades. Están muy endeudadas, qué duda cabe.

Espacios públicos. Las promesas “de campaña” a las que aludo en el inicio, se refieren a los compromisos que se asumen con ampliar y profundizar la vigencia de los derechos humanos para todos y todas. Creo que resulta definitorio la planificación, creación, desarrollo y mantenimiento de espacios públicos adecuados. En ellos la convivencia aporta aspectos sustanciales que hacen la calidad de las sociedades.

Servicios públicos. Atienden derechos como salud, educación o seguridad. Es imposible exagerar su importancia, pero no funcionan sobre la base del clientelismo al llenar cargos, ni a partir de la filosofía “ellos hacen como que trabajan y yo como que les pago”.
Los que “nunca perdieron una huelga” y hacen gala de eso tampoco están en condiciones de construir servicios públicos eficientes. Por eso quizá hay quienes nos proponen que la gestión se traspase a la órbita privada, donde la lógica del capital pone en segundo término el servicio en sí mismo y se le llama eficiencia al lucro que se obtenga. Aquí hay una línea divisoria clara. Aunque se esmeren los discursos en difuminarla.

Recursos públicos. Llegamos a un elemento decisivo. “Hay que mostrar el argumento”, de donde saldrán los recursos para atender la satisfacción de los derechos de las personas, si no es de los recursos públicos. Cuanto mayor sea la participación del capital en la apropiación de los excedentes económicos que la sociedad genera, será mayor la desigualdad y más derechos serán desconocidos. A la hora del reparto, quien detenta la propiedad impone sus condiciones. Es un dilema de hierro, el derecho de propiedad colide demasiadas veces con otros derechos humanos. Por algo es el derecho más protegido por las leyes y los poderes reales que existen en toda sociedad.

Propiedad privada, estatal y colectiva o cooperativa. Todo lo anterior nos lleva de la mano a considerar con seriedad la posibilidad y las formas de acotar los derechos de la propiedad privada. Según la BBC: “En 2006 la ONU halló que el 1% más rico del planeta poseía un 39,9% de la riqueza global, mucho más que lo que le tocaba al 95% de la población mundial”.
Notoriamente eso ha venido empeorando año tras año.
Las alternativas razonables están en fortalecer los controles democráticos y la propiedad colectiva, ya sea estatal o cooperativa. Por acá pasa otra importante línea divisoria a la hora de evaluar las villas y castillos que todos (y todas) suelen prometer con tanta soltura de cuerpo.

 Según la Wikipedia

“La división de los derechos humanos en tres generaciones fue concebida por primera vez por Karel Vašák en 1979. Cada una se asocia a uno de los grandes valores proclamados en la Revolución francesa: libertad, igualdad, fraternidad.
Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, vinculados con el principio de libertad. Generalmente se consideran derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada. Por su parte, los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, que están vinculados con el principio de igualdad. Exigen para su realización efectiva de la intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones y servicios públicos. Existe cierta contradicción entre los derechos contra el Estado (primera generación) y los derechos sobre el Estado (segunda generación). Los defensores de los derechos civiles y políticos califican frecuentemente a los derechos económicos, sociales y culturales como falsos derechos, ya que el Estado no puede satisfacerlos más que imponiendo a otros su realización, lo que para éstos supondría una violación de derechos de primera generación.
Por su parte, la tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en los años 1980, se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética, aunque diferentes juristas asocian estos derechos a otras generaciones: por ejemplo, mientras que para Vallespín Pérez la protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta generación, para Roberto González Álvarez es una manifestación, ante nuevas amenazas, de derechos de primera generación como el derecho a la vida, la libertad y la integridad física”.