Peligrosa Ley de Medios

David Rabinovich

Columnista
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en diputados en diciembre del año pasado, luego de una larga y amplia discusión, podría tener sanción definitiva en las próximas semanas. La batalla será sangrienta.
La Ley de Medios frenteamplista es una variante «a la uruguaya» de las que existen en Cuba, Ecuador y Venezuela, países con gobiernos de corte tiránico que requieren de un control férreo de la información para ejercer el poder con la dureza que su condición dictatorial les hace imprescindible.” (El País)

“Los cinco precandidatos de la oposición coincidieron en afirmar que la ley de Medios que el Frente Amplio pretende aprobar este año es «mala», careció de «debate» y su análisis debería ser postergado hasta la próxima legislatura. Cuestionan al Frente Amplio por instalar el tema en campaña electoral y le adjudican diversas intenciones”. (El País).

Lejos de ‘carecer de debate’ la discusión de esta ley comenzó, por lo menos, a mediados de 2010 y se recogieron las más amplias opiniones. Empresas, sindicatos, universidades, organizaciones interesadas en el tema, se reunieron muchas veces hasta llegar a varios acuerdos y dejar en claro donde estaban las discrepancias. Se hicieron seminarios internacionales para debatir la importancia de una norma de esas características. El proyecto entró al parlamento en 2012. Dos años de discusión amplia y participativa de la sociedad más otros dos de debates parlamentarios. La discusión interminable, el momento inoportuno siempre, son herramientas para eludir una discusión en términos razonables.

Desde las diversas organizaciones que reclaman la aprobación de la ley, sin más dilatorias, se afirma que “las máximas instancias internacionales en materia de libertad de expresión (Relator Especial para la Libertad de Expresión de ONU y OEA, UNESCO) y las más prestigiosas organizaciones de Derechos Humanos vinculadas a la libertad de expresión (Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19) no hubiesen ponderado el proceso y no hubiesen afirmado, como lo hicieron, que este proyecto “puede ser un modelo para toda la región” si éste no respetara los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. (Ver comunicado).

«No se puede discutir en el Parlamento una ley de Medios de comunicación en el curso de una campaña, es realmente violentar la relación entre los partidos, es violentar una discusión cívica de tolerancia. No es el momento, lo que hace el Frente es decir ´porque me voy, quiero dejar una ley, porque ahora tengo los votos´. Es una suerte de resignación, piensan: ´como todavía tengo la mayoría parlamentaria, voy a aprovechar hasta el último momento´. Es el peor mensaje el que están mandando algunos sectores del Frente Amplio», dijo Larrañaga que propone postergar su consideración para la próxima legislatura.

Luis Lacalle Pou repite que «la mejor ley de Medios es la que no existe» en tanto considera peligroso y con aspectos inconstitucionales al proyecto. Reclama dejar la discusión para el próximo año.

Álvaro Delgado: «Nosotros estamos dispuestos a discutir en el primer año del próximo gobierno una ley de telecomunicaciones que regule, por ejemplo, las frecuencias pero no los contenidos y que dé rango legal a algunos decretos hoy vigentes. Regular contenidos puede llevar a la peor de las censuras, que es la autocensura. La ley como está es un arma amartillada que apunta a los medios”. (…) “Esperemos que prime la sensatez y que este proyecto que tiene nada menos que 185 artículos quede para el próximo año”. (El País).

Pedro Bordaberry dijo a El País que «es absolutamente inoportuno votarla en la mitad de la campaña. La ley le dará, en los hechos, al Frente Amplio más del doble de publicidad electoral que al Partido Colorado, y casi el doble que al Partido Nacional. Es decir, esta ley le asegurará a Tabaré Vázquez el doble de publicidad que a los otros candidatos, lo que es violatorio de los más elementales principios de competencia electoral y republicanos. Además, al regular tiempo de medios en época electoral, esta ley requiere mayorías especiales, por lo que de no contar con ellas, esta ley es inconstitucional», afirmó.

Efectivamente, la ley trata de que la publicidad en televisión esté al alcance de los partidos en función del respaldo electoral que tuvieron, y no de su capacidad económica o su afinidad política con los canales.

Para José Amorín Batlle «es tanto lo que habría que cambiar que habría que hacer la ley toda de vuelta. Yo creo que no se tiene que regular nada. Esta ley viola la libertad de prensa. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente (José) Mujica en Brasil, la mejor Ley de Medios es la que no existe. Tiene que hacer lo que dijo que iba a hacer, tirarla a la papelera».
Sustenta su opinión: «el gran error que tiene esta ley es que se mete con los medios audiovisuales pero no dice nada de internet, cuando en pocos años todo va a pasar por internet. ¿Qué sentido tiene regular eso si no se regula lo otro? Esto lo que hace es profundizar el monopolio de Antel”.

Pablo Mieres, se une al coro. «Creo que para que la ley de Medios se vuelva aceptable tendría que abrirse nuevamente un debate entre todos los partidos. Un debate que nunca existió. El Frente Amplio ha decidido votar una ley sobre la libertad de expresión sin generar un diálogo institucional de todos los partidos. Yo me entero por la prensa que están pensando cambios. Nadie consulta nada, nadie debate nada», dijo a El País.
Oscar A. Bottinelli (El Observador – setiembre 1° de 2013) aporta consideraciones interesantes. “La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica […] sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. […] la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos […] Y avanza en algunos aspectos regulatorios […] Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial”.

Hay dos enfoques contradictorios y muchos matices. Las comunicaciones son un servicio público muy importante que atiende derechos fundamentales: tener buena información, disfrutar de cultura de nivel elevado y sano entretenimiento. Frente a este derecho de las personas está el de las empresas que han transformado la propiedad, el dominio, de los medios masivos de comunicación en mercancía. Su lógica de funcionamiento es obtener el mayor lucro posible y no menos importante: detentar un poder de incidencia social inmenso e incontrolado. La única forma civilizada de regular las relaciones entre intereses contrapuestos es la ley. La ausencia de leyes propicia que el más fuerte imponga sus criterios y conveniencias. Fortalecer los actores comunitarios y estatales, gravar de forma razonable la actividad empresarial, son elementos que la ley no contiene con la fuerza que debiera.
Lejos de cualquier radicalismo, para Botinelli “el modelo tiende a que el grueso de la emisión siga el modelo privado empresarial”.

Opiniones

Jorge Larrañaga
«Hay cierta amenaza a los medios de comunicación en medio de una campaña y eso no es aceptable. Es una imprudencia democrática».

Luis Lacalle Pou
«Esta es una ley muy peligrosa porque tiene aspectos inconstitucionales. Sostengo que la mejor ley de medios es la que no existe».

Pedro Bordaberry
«El apuro para votar la ley obedece a que estipula que el Frente Amplio tendrá el doble de publicidad que los partidos Nacional y Colorado».

José Amorín Batlle
«La ley tiene severas restricciones a la libertad de prensa. No estoy de acuerdo con regular nada pero a esta ley hay que hacerla toda de vuelta».

Pablo Mieres
«El Frente ha resuelto votar una ley sobre la libertad de expresión sin abrir un debate, me entero por la prensa de los cambios que introducen al texto».

 COMUNICADO

Reclamo social

Pronunciamiento de la sociedad civil sobre la necesidad de avanzar en esta legislatura en una ley democrática de Servicios de Comunicación Audiovisual
El Parlamento debe aprobar ya una nueva ley de comunicación bajo principios democráticos y garantistas.

La Coalición por una Comunicación Democrática, Pro Derechos, la Red de Gobierno Abierto, redes integradas por las siguientes organizaciones, entre otras: Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación (FIC), Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Grupo Medios y Sociedad (GMS), Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), Cotidiano Mujer, Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Red Especial Uruguaya, Colectivo Ovejas Negras, Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Comisión Nacional de Seguimiento CNS Mujeres, Consumidores y Usuarios Asociados (CUA), Agrupación de Trabajadores de TeVe Ciudad (ATTC), Federación Uruguaya de Teatros Independiente (FUTI), Agencia de Comunicación de Niñez y Adolescencia Voz y Vos – El Abrojo, Comité de los Derechos del Niño-Uruguay, Causa Común, Asociación Mundial de Radios Comunitarias – ATABAQUE Grupo cultural afroamerindio, Instituciones Federadas Afroumbandistas IFA del Uruguay, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR, Organización Idas y Vueltas, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), DATA, Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Mujer Ahora, RedCon, Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (ASOPROD) y Uruguay Transparente, quieren dar a conocer el siguiente posicionamiento frente al inminente tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Cámara de Senadores:
En los últimos días asistimos a un debate sobre la pertinencia de que el Parlamento apruebe la primera ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) de la democracia en el marco del presente año electoral.
Frente a las posturas que se han venido explicitando en torno al proceso de aprobación de la LSCA, actualmente en curso, reafirmamos la profunda convicción de que el Parlamento debe aprobar ya, sin más demoras, una nueva ley de comunicación bajo principios democráticos y garantistas tanto para la libertad de expresión como para los derechos de todas las personas.
La sociedad civil reivindica además, un debate razonado y fundado sobre la pertinencia y los fundamentos de esta Ley de Servicios de Comunicación, sin caer en adjetivaciones y calificativos tremendistas y descalificadores, que no aportan al debate y esconden de esa forma los verdaderos intereses que defienden.

A continuación se enumeran las razones y evidencias que explican por qué el Senado debe terminar de dar su aprobación a la LSCA:
¿Por qué el Senado debe aprobar ahora la LSCA?
*Porque los medios audiovisuales, aún pese al avance de Internet, continúan siendo las principales plataformas de acceso a la información, entretenimiento, cultura, deporte y a los contenidos más diversos para la población.
*Porque el espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad y el Estado debe regularlo de acuerdo a principios claros y transparentes. Porque la legislación actual no garantiza criterios democráticos para la asignación de permisos y licencias, ni establece plazos, ni contraprestaciones para el sector privado/comercial.
*Porque el espacio de los medios audiovisuales sigue estando regulado por una ley anticuada y antidemocrática, aprobada durante la dictadura. El país está en deuda con la democracia. La legislación actual también viola convenciones internacionales debido a su concepción, ambigüedad y discriminación de distintos grupos frente a la comunicación.
*Porque durante décadas las frecuencias radioeléctricas se administraron en base a criterios arbitrarios, sin procesos transparentes, justos ni abiertos para todas y todos. En Uruguay vivimos de las peores prácticas entorno a la gestión de este bien común de la humanidad, más allá de que esas situaciones se han venido corrigiendo por sucesivos decretos. Siguiendo a Artigas creemos que la ley es el mejor freno a las veleidades humanas.
*Porque con la legislación actual se ha conformado un sistema de medios concentrado, desequilibrado y con predominio del sector comercial. En el área metropolitana tres actores concentran la propiedad cruzada de radio, televisión abierta y cable, con empresas colaterales que también dominan buena parte de los medios del interior. En lo departamental y regional también existe en muchas ciudades una concentración de medios inaceptable para una democracia. En lugares como Durazno, Cerro Largo, Tacuarembó, Paysandú, Salto, un solo grupo concentra medios en cable, televisión y radio.
*Porque la producción nacional audiovisual para la industria de la televisión ha sido escasa, de baja calidad y casi nula innovación. Tenemos una valiosa industria de cine nacional y no logramos realizar series o telenovelas que reflejen nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo. La concentración y la falta de competencia alentaron este fracaso.
*Porque los sectores específicos o grupos en situación de desventaja social, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, población LGTB o afrodescendientes, han sufrido la discriminación de un sistema de medios que reprodujo los peores estereotipos, sin dar lugar a ninguna respuesta durante años.

¿Por qué esta ley es una garantía para el ejercicio de la libertad de expresión?
*El proyecto de LSCA a estudio del Parlamento: i) no regula a la prensa escrita, ii) no afecta a los contenidos (salvo cuando refiere expresamente a la protección de los derechos de grupos específicos o en desventaja social); iii) contiene garantías expresas para ejercer la libertad de expresión en los artículos 14 a 18 (prohibición de toda forma de censura, incluso la indirecta; garantiza la independencia editorial). Por todo esto, mal podría afirmarse que la LSCA proyectada suponga censura a los medios de comunicación.
*La regulación proyectada se limita estrictamente a la violencia extrema y a la incitación al consumo de drogas, y ello sólo durante el horario de protección a la infancia. En todos los demás casos prima la libertad sin límites para informar sobre hechos de interés público. No hay nada en el texto de referencia que suponga limitaciones a la información, al análisis o a la discusión -en los programas educativos, informativos y periodísticos- sobre situaciones de violencia, sobre sus causas o sus repercusiones en materia de seguridad ciudadana, así como sobre temas de sexualidad, drogas legales e ilegales o discriminación en todas sus manifestaciones.
*El proyecto de LSCA busca garantizar la libertad de expresión de todas las personas con una serie de instrumentos incluidos en el proyecto de ley: horario de protección a la infancia, cláusula de conciencia, defensoría de las audiencias.
*Si no fuera así, las máximas instancias internacionales en materia de libertad de expresión (Relator Especial para la Libertad de Expresión de ONU y OEA, Unesco) y las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos vinculadas a la libertad de expresión (Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19) no hubiesen ponderado el proceso y no hubiesen afirmado, como lo hicieron, que este proyecto puede ser un modelo para toda la región.
*Por encima de las diferencias que los distintos actores tengan con la legislación, rechazamos enfáticamente las descalificaciones simplistas y burdas. Sólo aquellos que no quieren esta ley por otras razones, como mantener algunos privilegios que aún subsisten, pueden decir que su objetivo es la censura.
Saludamos las modificaciones introducidas en el Senado:
La Coalición saluda con beneplácito que en el marco de la discusión que se viene dando en la Comisión de Industria del Senado, se haya introducido nuevamente la figura de un organismo de control y aplicación fuerte de la ley (el Consejo de Comunicación Audiovisual), con autonomía del Poder Ejecutivo y un proceso democrático de designación de sus directivos, que presenta las garantías suficientes para todos los actores.
También saludamos la incorporación de garantías judiciales para la aplicación de cualquier sanción a los medios en el marco de la ley. Por otra parte, nos parece un avance la ampliación de la figura del Consejo Honorario Asesor de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), para formalizar la participación de la sociedad civil en las políticas públicas de comunicación.
Saludamos finalmente la incorporación definitiva de la figura de la defensoría de las audiencias, en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos.