Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Lic. Hugo Varela Brown
Redacción
Artículo 12 de la ley 18.515: “Se deberá fomentar la identidad cultural y la producción nacional a través de los medios de comunicación…”.
El tema en debate, desde hace largo tiempo ha retomado cuerpo luego de varias modificaciones hechas por la Asamblea General -una de ellas en junio del 2009- y en comisiones parlamentarias, quedando luego en suspenso.
La evolución contemporánea en la materia nos documenta que en la mayoría de los países desarrollados y “emergentes” ya tienen desde hace largo tiempo regulaciones bajo diferentes acepciones, obligaciones y disposiciones.
En una muy rápida recorrida por varios países, las disposiciones a tales efectos son tema ya laudado, en permanente actualización según los cambios sociales que se van produciendo, mientras que en Uruguay aún rige al respecto un decreto de la dictadura cívico-militar y aumentan las polémicas defendiendo intereses particulares de los usufructuarios de las ondas.
El debate viene siendo profundizado –según la óptica de los protagonistas –pero en realidad es el conjunto de la sociedad la que se beneficiará con su aprobación. Por ejemplo, el Presidente de ANDEBU (Asociación de Broadcasters Uruguayas) Pedro Abuchalja manifestó que la ley de medios -como se le conoce- tiene disposiciones “totalitarias y de corte fascista” ( textual), torciendo desde ya su opinión hacia la negación total y absoluta de la puesta en vigencia de cualquier norma, sin esperar siquiera las modificaciones que el Parlamento le viene haciendo para ser votada a corto o mediano plazo, poniendo un manto de duda sobre la ecuanimidad y objetividad con que los medios de prensa que él representa deberían actuar, pues esta posición quizás no sea acompañada por todos los afiliados a ANDEBU.
Por su parte el profesor de Derecho Público Martín Risso, propone la creación de un ente paraestatal para su control fuera del sistema político. En realidad lo establecido en la ley es la creación de una comisión de cinco miembros la cual debe salir con la venia de mayorías parlamentarias especiales.
El Presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, Emir Cámara, afirma que “todo producto que no está prohibido para la venta puede tener publicidad sin limitaciones” (textual), hecho que a nuestro entender es de una vaguedad alarmante que sólo prioriza lo comercial sobre lo social, dejando a criterio y voluntad individual la propaganda. Tomando un ejemplo bien claro, si una persona decide vender armas al público (por ejemplo) podrá emitir cualquier aviso de sus “bondades” para la utilización de esas armas.
La polémica está planteada, la necesidad mínima de regulación de los medios se hace imprescindible por más que los grandes empresarios del sector que se adjudican ser “propietarios” de las ondas, trasmitiéndolas de padres a hijos siempre en manos de las mismas familias, no lo compartan.
El Relator de la OEA para la libertad de prensa, Edison Lanza fundamenta que el proyecto uruguayo tiene todo lo que los organismos internacionales exigen en la materia.
El artículo 4 del proyecto expresa que “le son aplicables los instrumentos internacionales referidos tanto a la prestación y promoción de la libertad de expresión como a la diversidad cultural y las disposiciones emanadas del Sistema Internacional de Derechos Humanos”.
Por su parte el artículo 32 hace una minuciosa descripción de las prohibiciones que deben regir en la publicidad y mensajes que pueden afectar a la infancia.
El artículo 12 destina una cláusula a otorgar espacios para mantener y fortalecer nuestra identidad cultural y la producción nacional, abriendo espacios más amplios a nuestros actores culturales.
En una muy rápida recorrida por algunos países, queda muy claro que la gran mayoría de ellos -cada uno con su particularidad- han incorporado regulaciones en tal sentido, dependiendo de cada gobierno el control de su cumplimiento.
En Colombia la Ley de Prensa No. 182 de 1998 en su punto 4 define “la regulación sobre la propiedad y registro de los medios y sobre la propiedad extranjera de las empresas periodísticas”.
En Chile, la ley No. 19733 sobre libertad de opinión e información habla del ejercicio del periodismo y da pautas de regulaciones a tales efectos. Otro aspecto que son motivos de regulación en algunos países es la publicidad y el marketing, hechos concretos que van contra la corriente de lo expresado por las agencias de publicidad uruguayas.
Inglaterra, cuna del liberalismo –lejos, muy lejos de ser “totalitaria y fascista” (siguiendo los conceptos del Presidente de ANDEBU), sancionó -en base a la ley aprobada sobre el tema- a dos canales de televisión por colocar publicidad engañosa para mujeres mayores de 60 años (con la imagen de la actriz Julia Roberts) intentando convencerlas con fotos e imágenes falsas y arregladas en el “camino a la eterna juventud”.
En México se instauró una Ley Federal en el año 1995 que consta de 75 artículos referida al tema, siendo un país con serias dificultades para hacerla cumplir por su compleja situación social y la poderosa concentración oligopólica de los medios.
En Argentina la ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido motivo de polémicas, ataques, críticas al gobierno, siendo incluso impugnada por las grandes empresas entre ellas el Grupo Clarín, que concentra un enorme poder dentro de los medios en el país vecino y otros limítrofes.
En los Estados Unidos en plena etapa de consolidación neoliberal, el Presidente Bush pretendió modificar -en base a un decreto por él firmado- una ley que impedía la acumulación de medios en monopolios familiares, pero un Tribunal Federal de Apelación en el año 2008 hizo suspender dicha resolución presidencial.
En el continente africano existen también valiosos aportes al respecto que poco o nada se conocen pero que son buenos ejemplos a seguir.
Sin lugar a dudas en este tema están en juego prioritariamente los intereses de la sociedad, que se contraponen por lo que se escucha y se ve con los poderosos intereses económicos de las seis o siete familias dueñas de los grandes medios.
La televisión uruguaya está hoy inundada de los llamados “enlatados” que por cuatro monedas penetran sobre todo desde Buenos Aires, ocupando horas y horas de nuestra programación de una bajísima y dudosa calidad así como de un cuestionado vocabulario a cualquier hora del día. Dentro de este marco, “el horario de protección al menor” es hoy tan sólo una frase hueca que nadie la respeta.
Otro tema que se debería regular -a nuestro criterio- es la forma de como los medios penetran en la vida privada de la gente, sobre todo cuando se producen hechos delictivos de gravedad, donde el morbo salta a la vista una y otra vez, violando las más elementales reglas de convivencia social y familiar (sugiero leer comunicado de APU –Asociación de la Prensa Uruguaya- sobre el asesinato de la joven de Maldonado).
La apología del delito es moneda corriente, su repetición en titulares de prensa a la vista está.
Se observa también como algunas agencias de publicidad preparan avisos que se caracterizan por dejar en ridículo a un determinado sector de la sociedad que no compra en tal o cual supermercado con calificativos poco éticos y mensajes subliminales de baja calidad.
La importancia de abrir espacios a los artistas nacionales de todo el país, escritores, poetas, grupos de teatro, etc. que tengan posibilidades de exponer y difundir sus creaciones es otro de los grandes desafíos.
A la fecha, el proyecto ha sido votado en la Cámara de Representantes y será -casi con seguridad- aprobado en la de Senadores, luego de varias modificaciones que se le harán que pueden influir en la filosofía estructural a que aspiraba inicialmente dicho proyecto.
El tema, visto desde el punto de vista de un ciudadano común pasa por una necesidad elemental y necesaria de establecer ciertas normas de acción que puedan dejar claro hasta dónde se puede llegar en tan vital tema, que involucra a toda la sociedad, pero que también maneja mucho dinero e intereses corporativos en su entorno.
El sistema como lo “digerimos” hoy, está estructurado para que tanto los medios privados como las agencias de publicidad y marketing se froten las manos al tener campo libre de acción, sin lugar a dudas es función del Estado su regulación, que por décadas nunca se ha realizado por la sencilla razón de que los poderosos intereses económico-financieros se mezclan en el vértice de una pirámide que viene de tiempos inmemoriales.
El debate está en plena vigencia, así como los intereses que cada grupo político defiende. En el medio la sociedad con la familia como símbolo básico, aguarda con expectativa la promulgación de esta ley incorporada ya a lo largo y ancho del universo como parte integrante de la puesta en marcha de una democracia que incorpore normas básicas en un tema de alta sensibilidad.
Otro gran tema es el de las radios comunitarias, que tienen pendiente determinadas aspiraciones para su propia sobrevivencia y no deben ser dejadas de lado por su amplísimo espectro social que ocupa.