Balotaje y después…

El domingo 30 de noviembre la ciudadanía nuevamente está convocada a votar, esta vez para definir quién será el nuevo Presidente de la República Oriental del Uruguay, que subrogará a José Mujica el 1º de Marzo del año próximo.

Estas elecciones se realizan transcurrido poco más de un mes de la contienda electoral, donde el pueblo uruguayo en las urnas eligió a los integrantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y Junta Electorales de cada departamento. El balotaje, que será el domingo, responde a la última reforma constitucional que determinó que si en la elección nacional de octubre ninguna de las fórmulas presidenciales logra más del cincuenta por ciento de los votos, se irá a una segunda vuelta para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República.
Una vez se conocieron los números que arrojó la elección del 26 de octubre, a la jornada siguiente analizábamos que prácticamente ese día la gran mayoría de la ciudadanía había determinado el destino político de la nación, y que solo faltaba ratificar el 30 de noviembre ese veredicto de las urnas. Ante esa realidad, es lógico pensar que el Frente Amplio se encamina a un tercer gobierno en las mismas condiciones que las actuales, es decir, con una representación parlamentaria mayoritaria que –de concretarse definitivamente- le permitirá continuar ejerciendo y profundizando este proyecto de administración, casi sin impedimentos por parte de la oposición.
Creemos que, en estas circunstancias, lo novedoso debería darse luego del balotaje del 30 de noviembre y no a partir de la asunción del nuevo gobierno, el 1º de marzo del 2015. Novedoso en cuanto a definir el rol que todas las fuerzas políticas tendrán en el próximo período en materia de participación. Esto se refiere a la actitud que adoptará el nuevo Presidente y su equipo frente a la oposición y cómo ésta asumirá su papel, en el marco de un sistema democrático republicano que sigue siendo ejemplo en América Latina.
Esas definiciones deberían darse en una transición cargada de diálogo, porque consideramos que, sin que la fuerza política ganadora de las elecciones pierda identidad ni deje de ejercer el derecho concedido por las mayorías, los demás partidos –y esta vez se agregan más representaciones en el Parlamento- tienen muchas cosas para aportar al país.
Hay temas fundamentales que el propio gobierno ha puesto encima de la mesa para analizar, como el de la Educación y la Seguridad, por ejemplo, que han sido el centro de atención por su importancia, para los cuales se han planteado diversas propuestas. Proyectos, algunos ya en ejecución, que hasta ahora -seguramente a raíz del período electoral- han recibido más cuestionamientos que aportes, tal vez olvidándose que los problemas no son de ahora pero que necesitan hoy de la voluntad política de todos.
En ese marco hay que asumir responsabilidades sin perder tiempo. O sea, hasta dónde las fuerzas de la oposición están dispuestas a aportar sus ideas e inquietudes, y hasta dónde llega la apertura del nuevo gobierno para recibir esas propuestas. Ese debería ser el punto de partida para comenzar a articular acciones que beneficien al país por encima de intereses, que legítimamente juegan a la hora de encarar una campaña electoral.
Eso es lo que, a nuestro juicio, debería definirse luego del 30 de noviembre no solo en estos temas, sino en otros tantos que tienen que ver con la economía, la salud, el desarrollo productivo, el salario de los trabajadores, las jubilaciones, la igualdad de derechos, la vialidad, el presupuesto para la Justicia y también la participación de las minorías en los organismos de contralor, sin condiciones ni enojos, como sucedió en este período con un sector del Partido Colorado, decisión que determinó que sus representantes abandonaran los cargos concedidos por el actual gobierno. Pero eso es pasado, la experiencia enseña y compromete.