Un tema que no está cerrado

Las sanciones judiciales sobre los autores de desapariciones, torturas y homicidios cometidos durante la última dictadura militar encontraron en la Suprema Corte de Justicia un fallo adverso.
En efecto, el 25 de abril la Corte confirmó la absolución a quien confesó en el juzgado haber detenido y trasladado al maestro Julio Castro en 1977 al centro clandestino donde lo ejecutaron, con lo cual se abre una nueva polémica en torno al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos cometidos en el período dictatorial en nuestro país.
Es muy difícil comprender y menos justificar esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, pero no obstante, y pese a esta resolución de declarar inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, el Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz, pretende impulsar las investigaciones sobre delitos cometidos durante la dictadura.
En enero del 2017 entrará en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, que traslada a los Fiscales la dirección de las investigaciones penales. Por tanto, los Jueces que hoy conducen las investigaciones, cederán ese lugar a los Fiscales, y es en ese marco que se considera necesario que el Parlamento apruebe una ley orgánica para reestructurar la Fiscalía.
Según el Fiscal de Corte, esa ley deberá permitirle la creación de unidades especializadas de investigación, una de las cuales se encargará específicamente de los crímenes de la dictadura.
La postura del Dr. Díaz en este tema es muy firme, por entender que las torturas y los homicidios cometidos por militares entre 1973 y 1985 son graves violaciones de los derechos humanos, y por tanto los delitos no prescribieron, tal como lo sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En nuestro país hay mucha gente que sigue esperando el esclarecimiento de hechos aberrantes cometidos durante aquel período negro de la historia uruguaya. Hay muchas familias que continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos en esos años, sin embargo ahora la Suprema Corte de Justicia confirma la inconstitucionalidad de una ley que permite la investigación de las violaciones de los derechos humanos, sin tener en cuenta, por ejemplo, que los militares involucrados en las denuncias sostuvieron siempre que no hubo torturas ni muertes, y poco después aparecieron enterrados en predios militares cuerpos de uruguayos que estaban en la lista de desaparecidos.
¿Esa realidad no tiene acaso la contundencia capaz de sensibilizar a cualquier ser humano?, ¿esa no es prueba suficiente como para ordenar una investigación sobre los demás desaparecidos?
Habrá que ver si el Parlamento Nacional impulsa y aprueba una ley que permita a los Fiscales realizar investigaciones penales. Eso habilitará además poner en marcha las denuncias efectuadas por militantes políticos y sindicales, que en el cuartel de Trinidad fueron sometidos a torturas que aún se mantienen impunes, a pesar de conocerse los nombres de quienes participaron en esas violaciones.
Si así acontece, será un pasó más que se da hacia la reconciliación de todos los uruguayos.