20 de Mayo: Y otra Marcha del silencio

David Rabinovich
Columnista

«Yo fui miembro de las dos comisiones que organizaron los dos plebiscitos, y los perdimos por muy poco. Y seguiría perdiéndolos un millón de veces. Porque yo no creo que valga la pena vivir para ganar, creo que vale la pena vivir para hacer lo que la conciencia te dicte que debes hacer, y no lo que te conviene. Y esto vale para todo: para la política, para la vida, para el amor, para el fútbol” (Eduardo Galeano).

El 20 de mayo de 1995 se realiza, en Montevideo, la primera Marcha del Silencio por los detenidos desaparecidos. Cada 20 de mayo miles de personas exigen verdad, memoria, justicia y nunca más crímenes de lesa humanidad.
«En mi Patria no hay Justicia. ¿Quiénes son los responsables?», fue la consigna de la 18ª Marcha de Silencio convocada por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en 2013. “¿Dónde están? ¿Por qué el silencio? Fue la consigna para el año siguiente, 2014. Después de 20 años de marchas la consigna es: “Basta de impunidad. Verdad y justicia”.

La Marcha del Silencio se ha realizado en recuerdo de los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini (Frente Amplio) y Héctor Gutiérrez Ruiz (Partido Nacional) y de los tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, en Buenos Aires en 1976. En cada una, todos estos años, se reclamó Verdad, justicia y nunca más… Otros proponen “dar vuelta la página” porque quieren buscar la paz a partir del olvido. Quizá buscan la impunidad porque fueron cómplices civiles y conscientes en aquellos terribles años. Algunos encontraron su carrera política y su fortuna en las oportunidades que les dio la dictadura. Otros accedieron a un carguito o asumieron el de un destituido.

La izquierda no ha sabido encontrar el camino de la justicia pero el paso de los años ha separado con claridad las posiciones. En estos últimos años ocupó un papel central la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En febrero de 2013, se conoció el fallo de inconstitucionalidad contra la ley que había declarado imprescriptibles los delitos cometidos durante la dictadura. El fallo de la Corte fue criticado por algunos organismos internacionales y provocó un duro enfrentamiento entre el gobierno y la oposición.
El Partido Nacional emitió una declaración en la que condenó los cuestionamientos del Frente Amplio a la Corte por considerarlos «un avasallamiento a la independencia del Poder Judicial».
«Las actuales acciones que atentan contra el Poder Judicial, tienen por objeto influir y orientar sus decisiones jurisdiccionales y afectar la independencia de los magistrados en las distintas instancias del sistema, para condicionar sus decisiones», se afirma.
Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado alertó sobre «el gravísimo ataque a la independencia judicial y el conflicto institucional que sufre el país». También el Partido Independiente hizo pública una declaración defendiendo la posición del Poder Judicial.
La Mesa Política de la coalición de izquierda respondió recordando una frase de su líder histórico, Líber Seregni, de que es «una fuerza de paz y pacificadora», y advierte como «peligroso» que se «continúe con la prédica constante de endilgar a la historia de esta fuerza las atrocidades propias».

La historia es larga. La SCJ se pronunció en 1988 en el sentido de que la Ley de Caducidad no era inconstitucional; más tarde, en 2009, declaró que lo era. En Uruguay la inconstitucionalidad de las leyes es declarada caso a caso y no tiene efectos generales derogatorios, sino que solamente hace inaplicable la ley para el caso respectivo.

En febrero de 2013, declaran inconstitucional la ley que anuló la ley de Caducidad, de esa forma se estableció que los delitos cometidos en la dictadura no son de lesa humanidad y ya prescribieron. Los acuerdo internacionales firmados por Uruguay dicen lo contrario. Unos pocos días antes, la Corte Suprema trasladó a un juzgado civil a la jueza Mariana Mota, de relevante actuación en casos de terrorismo de Estado. El vocero de los “Supremos” explicó que “el artículo 99 de la ley 15.750 le da a la SCJ la potestad de hacer uso de sus recursos humanos sin brindar explicaciones. Además, el traslado de la jueza Mota está acompañado de otros 15 traslados, destinados estrictamente a la mejora del servicio”. Dijo además que “los jueces tienen que pasar por todas las materias a lo largo de su carrera para adquirir diferentes conocimientos, y la jueza no había estado en un juzgado civil”.

En abril, el presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, sostuvo que los casos abiertos en juzgados penales por crímenes ocurridos en la dictadura militar tienen el destino señalado. De acuerdo a lo que explicó el jerarca, en todos los casos abiertos los jueces y los fiscales “pueden dar su opinión”, pero “eventualmente van a encontrar una muralla” cuando se expida la corporación. “Cuando llegue el momento, ya sea si se expide el tribunal o que por alguna razón cuando llegue el fin del expediente penal tenga posibilidad de expedirse la Corte, se va a volver a la solución de la Corte si es que tiene la misma integración que ahora”, afirmó al recordar el fallo que señala que la ley interpretativa de la ley de Caducidad es inconstitucional.

En San José, hay quienes tenemos varias. Hay quienes ya no marchan con nosotros y quienes se incorporaron con el correr de los años. Recuerdo cuando nos miraban, desde las sombras y con rencor, ahora hay quien sale a la puerta para saludar o compartir en silencio. Apoyan y  participarán. Pero Galeano tiene razón. Sólo los poetas tienen razón, siempre.

En un deslucido espacio público está, en San José, la plazoleta de los mártires hacia donde se marcha todos los 20 de mayo. Dos placas rinden homenaje a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruíz:
“EL PUEBLO Y GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN JOSÉ
Al parlamentario
ZELMAR MICHELINI
Caído en defensa de la democracia”

Así dice cada una de ellas, sólo cambia el nombre. ¡Como si hubieran muerto en combate! Se defendían, al decir de Martí, en trinchera de ideas. Estaban inermes. Fueron secuestrados, torturados y ejecutados. Esas placas también deberían decir: “Asesinados por la dictadura cívico-militar”

OTRAS BATALLAS, OTRAS PIEDRAS
El 18 de Mayo se conmemoró un aniversario más de la Batalla de Las Piedras, una vez más las fuerzas armadas reivindican como propio el legado artiguista que traicionaron, una vez más Ministro y Comandante hablan de los soldados de la patria, sus sacrificios y su precaria condición de vida.
Defienden a los soldados porque son defendibles. No hablan de los privilegios de los oficiales, la cantidad que son y lo que cuestan. No hablan de todo lo que han callado a lo largo de los años en cumplimiento de ese impresentable pacto de silencio mafioso que es parte de la impunidad.
Los que hablan del déficit fiscal, el despilfarro, o de achicar el Estado, no están dispuestos a analizar esta realidad.
Merece un comentario aparte.
D.R.