Una ley que estimula la verdad y la memoria

De acuerdo a lo que informa presidencia de la República, luego de la reparación moral y homenaje a Luis Batalla, el primer muerto por torturas en Uruguay, el Ministerio de Defensa y organizaciones civiles preparan un reconocimiento similar a Vladimir Roslik, el último fallecido por la misma causa, en este caso a manos de la dictadura.

En ese marco se colocará una placa en el cuartel de Fray Bentos, el centro de detenciones y de violaciones a los derechos humanos donde se perpetró el asesinato.
La iniciativa se circunscribe en la Ley N°18.596 que incluye la reparación moral “con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad de los mismos”, según el texto legal.
Esta normativa promueve la concreción de acciones materiales o simbólicas de reparación en sitios públicos donde se hayan efectuado violaciones a los Derechos Humanos de forma notoria.
Es bueno saber que la ley instaló una comisión especial para recibir iniciativas de este tipo, integrada por los ministerios de Educación y Cultura, que la preside, de Economía y Finanzas y de Defensa Nacional, a los cuales se incorporan dos delegados propuestos por organizaciones sociales y ciudadanos designados por el Poder Ejecutivo.
La norma no hace más que reparar en la memoria a aquellos uruguayos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, asesinados por luchar con sus ideas, o por tal solo pensar que el país no merecía estar sometido a un régimen dictatorial, donde la tortura y la muerte eran su muestra más cruel y oprobiosa.
Uno de esos ejemplos está en el Médico Vladimir Roslik nacido en San Javier, Río Negro, quien fue torturado hasta morir el 16 de abril de 1984, en las postrimerías de la dictadura (1973-1985) en el Batallón Nº 9 de la capital departamental.
Antes el homenaje había recaído en la figura de Luis “Nucho” Batalla, militante del Frente Amplio, detenido y masacrado en el cuartel de Infantería Mecanizada N°10 de Treinta y Tres, donde murió el 25 de mayo de 1972 cuando aún regía el sistema democrático en el país gobernado por Juan María Bordaberry, quien poco después encabezaría el golpe de Estado.
Batalla era un obrero de la construcción militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y como tal fundador del Frente Amplio en 1971.
El interrogatorio en el cuartel y su fallecimiento se produjeron antes del comienzo de la dictadura el 27 de julio de 1973. El caso derivó en una crisis política que desembocó el 19 de junio en la renuncia del ministro de Defensa Nacional de entonces, Enrique Manini. El denunciante en el Parlamento fue el diputado por el PDC, Daniel Sosa Díaz.
Los homenajes a Roslik y a Batalla se suman al realizado el 4 de marzo en el Batallón de Infantería N°4 de Colonia del Sacramento a Aldo Perrini, el trabajador secuestrado en Carmelo que murió a raíz de las torturas sufridas en ese centro militar el 3 de marzo de 1974.
La normativa vigente, que promueve los homenajes, contribuye a recordar y a poner en conocimiento de las nuevas generaciones una verdad que fue ocultada durante tantos años, porque está en ellas la responsabilidad de resguardar el sistema democrático y que aquello no ocurra nunca más.

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