Cuando una ley no debiera ser necesaria

La participación de las mujeres en la actividad política ha sido siempre un tema de debate. Mucha más discusión hubo en el país cuando, a nivel legislativo se impulsó y luego se aprobó la denominada “ley de cuotas”, con la cual las mujeres se aseguraron –por decirlo de alguna manera- más lugares de prevalencia en las listas de candidatos, y por tanto un rol más protagónico en los partidos y sectores que representan.

Naturalmente que esas discusiones se dan a partir de dos posiciones bien definidas; hay quienes piensan que las mujeres deben ganarse sus espacios demostrando interés, capacidad y militancia (como quizá no lo hacen algunos hombres que por su condición, tradicionalmente han asumido un papel más relevante en la actividad política), y otros que entienden que fue necesaria una ley “de cuotas” para obligar a las dirigencias de los partidos a respetar la voluntad de aquellas mujeres que reclaman mejor posicionamiento, a la hora de ordenar los nombres en las hojas de votación.
Desde acá sostenemos que no debería haberse llegado a una ley que obligara a los partidos a dar mayor participación a las mujeres. Es un hecho que debería darse naturalmente, es decir, la mujer ganándose un lugar de preferencia en una lista por capacidad e interés, y los dirigentes políticos respetando esos valores, haciendo gala de una cultura que fortalecería a los partidos y consecuentemente al propio sistema democrático.
Es obvio que a “la cuota” se llegó porque se está lejos de esa cultura, pero no debería ser imposible el poder ejercerla. Menos imposible si estuviéramos convencidos que ese procedimiento basado en la igualdad de derechos contribuye a mejorar el sistema democrático.
Es porque estamos a mucha distancia de reconocer ese derecho ganado por mujeres, que a la “ley de cuotas” se le suman dos nuevos proyectos, a los que hace referencia Búsqueda en su edición de ayer. Los mismos tienen el fin de “mejorar la participación de la mujer en la política y así lograr que tengan más espacio en Diputados y en el Senado”.
Uno de esos proyectos procura que la lista de candidatos tenga el cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres, y otro propone extender por otro período esa “ley de cuotas” que obligó en las últimas elecciones a ubicar a personas de ambos sexos en cada terna de la lista de candidatos.
A eso se agrega otra iniciativa que podría tener cabida, según el semanario, que es dar más dinero a aquellos sectores que presenten más candidatas mujeres.
Se informa en tal sentido que este tema fue analizado la semana pasada en la comisión especial sobre financiación y publicidad de los partidos políticos en el Senado, por lo que ya está en discusión.
Es cierto que el sistema democrático siempre es perfectible, pero para quien entiende a la política como un acto de servicio, donde por sobre todas las cosas debe primar el respeto hacia el otro, más allá del género, se le hace difícil comprender en su real dimensión este tipo de iniciativas.
El abogado y asesor en la Prosecretaría de la Presidencia de la República Juan Pablo Pío, opinó que la que se plantea “es una excelentísima herramienta para corregir la desigualdad que se produce actualmente”.
Nosotros pensamos que son los propios dirigentes políticos con sus actitudes, sin leyes de por medio, los que deben corregir esas desigualdades.

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