Trabajo y viviendas para todos los sectores

Según una decisión del Poder Ejecutivo, los proyectos de vivienda con una inversión superior a 15 millones de dólares y que se presenten hasta el 31 de diciembre de 2017 podrán acogerse a los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones, que incluyen franjas de exoneración del IRAE y beneficios en el Impuesto al Patrimonio.

De esta manera las iniciativas privadas podrán acogerse a los beneficios de la promoción de inversiones que otorga la Comisión de Aplicación de Proyectos de Inversión (COMAP), creada por la Ley 16.906. Para acceder a las mismas, deberán presentar cada proyecto entre la promulgación del decreto y el 31 de diciembre de 2017. En tanto, las obras deberán ejecutarse antes de 31 de diciembre de 2019.
Se determinó además que al menos un 20% de la obra construida esté destinada a servicios de uso común, los que suele requerir mano de obra permanente. En todos los casos, si los proyectos no superan el 50% de ejecución al 31 de diciembre de 2019, el beneficio será cero.
Desde nuestro punto de vista, el tema tiene dos enfoques.
Más allá de la letra fría de la resolución, está la intención de promover planes de construcción en un momento de desaceleración económica. Es, en definitiva, lo que ha estado reclamando el movimiento sindical, y en este caso específico, el gremio de la construcción.
Se ha insistido en la necesidad de poner foco en la inversión pública como motor fundamental en el mantenimiento de las fuentes de trabajo, pues si bien el nivel de empleo en el sector de la construcción se ubica por encima de los promedios históricos, se perdieron unos 20 mil puestos en los últimos años.
Las expectativas del gobierno son que estas medidas colaboren en la recuperación de, al menos, esa cantidad de empleos perdidos.
Por otro lado, vale la pregunta de hacia qué sector de la población están dirigidos esos planes de vivienda. Y aquí corresponde precisar lo que es evidente, que el país sigue careciendo de programas habitacionales que apunten a solucionar la gran problemática que, en este sentido, sufren los sectores de menores recursos económicos.
Seguramente la situación en otros lugares del país no es muy diferente a la realidad del departamento de Flores, donde con sueldos de 15 o 20 mil pesos –que es lo común que se pague en el sector comercial y en otras empresas de pequeño y mediano porte- es complicado hacer frente a las cuotas que se exigen para hacerse de una vivienda decorosa.
Sabido es que en este medio hay unas 120 familias organizadas que están reclamando una solución habitacional, por no tener ninguna posibilidad de acceder a planes de vivienda que formen parte de las políticas del gobierno, que son financiadas a través de instituciones financieras del Estado.
Creemos que, sin perjuicio que se establezcan proyectos enmarcados en la Ley de Promoción de Inversiones, como los anunciados ahora, es necesario que se atiendan los reclamos de aquellas familias que no tienen posibilidades de acceder a una vivienda digna utilizando el sistema por ayuda mutua, que es la expresión más genuina de solidaridad colectiva.
Esa necesidad no debe perderse de vista.