Esto pasa a 32 años de recuperada la democracia
A pesar de los muchos años de haberse recuperado la democracia en nuestro país, se siguen recibiendo denuncias sobre actos reñidos con el sistema de vida recuperado hace 32 años.
En efecto, el jueves el plenario de Diputados votará la conformación de una comisión investigadora en el Parlamento, que actuará en base a la denuncia de actividades de espionaje clandestino, realizadas en democracia y con recursos públicos por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas.
La idea es que esa comisión llegue a determinar quién era la autoridad responsable por esas prácticas, a través de las cuales, durante muchos años de vigencia del régimen democrático de gobierno, los militares espiaron a presidentes, infiltrado sindicatos y seguido a jueces y otros operadores judiciales.
Según lo indica El País en su edición de hoy, la información sobre las acciones de espionaje tiene como elemento central al tristemente célebre Coronel Retirado Elmar Castiglioni, que falleciera en 2015. En su domicilio la Justicia incautó en un allanamiento material sobre esas actividades.
Tiempo después, el semanario Brecha publicó una parte del contenido incautado donde se revela el seguimiento telefónico o personal del expresidente Jorge Batlle y sus colaboradores inmediatos en la crisis de 2002, o la infiltración de sindicatos u organizaciones políticas como el Partido Comunista y el Movimiento de Liberación Nacional.
El llamado archivo Castiglioni deja entrever que la red de informantes era extensa; por ejemplo, a principios de 1990, dirigentes de Adeom trabajaban para los servicios informando sobre las rutinas del entonces Intendente Tabaré Vázquez.
En la denuncia hay un análisis primario de la situación de espionaje y de allí podrían surgir responsabilidades. Mucho personal militar involucrado en esas acciones e incluso quienes dieron las órdenes de seguir con esas actividades hasta 2009, aún pueden estar en actividad y haber desempeñado cargos de relevancia en los anteriores gobiernos.
Esa es una de las líneas de investigación que la comisión desea corroborar.
La idea es que la comisión debe llegar a determinar qué autoridad en esos años coordinó las acciones y qué se hizo con la información recogida.
Parece extraño que en plena democracia se hayan producido este tipo de acontecimientos. Pero la realidad indica que ha habido, y seguramente aún existen, personajes dedicados a socavar los cimientos democráticos de un pueblo uruguayo que mucho sufrió para reinstaurar las instituciones que fueron usurpadas por el régimen de facto cívico-militar.
De la misma forma que continúa la lucha y las investigaciones para encontrar a los desaparecidos, en el marco de un clima de silencio por parte de quienes poseen la información sobre esos tristes hechos, ahora hay que determinar quiénes, en democracia, siguieron violentando los valores de libertad, en los que se afirma la dignidad humana.
La verdad es la que aportará a la reconciliación de los uruguayos, por eso la lucha por encontrarla no debe tener pausas.