Las leyes están para cumplir

A pesar de la importancia que a nuestro juicio tiene el tema, ha pasado casi inadvertido el informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que confirma que el Estado está violando la ley por la cual el 4% de las vacantes generadas deben ser ocupadas por personas discapacitadas.

Según los datos de 2015, solo se llegó al 0,33%, una cifra tan insignificante que llama la atención.
Ahondando en la información, se revela que en el caso del Poder Ejecutivo no se hizo ni un solo contrato de estas características, pese a que ingresaron 105 trabajadores nuevos. En total son 267 los puestos que se deberían cubrir en toda la administración pública con personas discapacitadas.
En el año 2015 se contrató solo a 22; en 2014 fueron incorporados 75 y en 2013, 72. La cifra del año pasado es la menor desde 2010, lapso en el que se implementó la ley y cuando ingresaron 16 trabajadores.
Para reafirmar los datos, la Oficina Nacional del Servicio Civil señaló en su informe que el año pasado hubo 4.785 vacantes en el Estado que fueron provistas por personas sin discapacidad.
Así planteada la información, ese porcentaje puede tener una lectura errónea, e interpretarse que no hay trabajadores que presentan alguna discapacidad interesados en cubrir esas vacantes. En realidad no es así, porque una de las luchas más sostenidas de la Comisión Honoraria del Discapacitado y otras tantas organizaciones vinculadas a este sector de la población, es justamente hacer cumplir la ley porque hay mucha gente esperando insertarse en el mercado laboral, en este caso el estatal, sabiendo que allí existen plazas disponibles para ser llenadas por discapacitados.
A esto se agrega, según el informe, que hay contratos que hace el Estado que carecen del control para saber si cumplen o no con la ley. Hay que tener presente en este sentido que la reglamentación de la ley, del año 2014, señala que el incumplimiento de la provisión de vacantes (…) “aparejará la responsabilidad de los jerarcas de los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión”.
Se trata de un tema que, a nuestro juicio, no puede pasar inadvertido, porque las leyes una vez aprobadas y promulgadas deben cumplirse. Si eso no ocurre está mal. Y si está mal es un problema que hay que solucionar lo antes posible, más teniendo en cuenta que ya existe un nuevo proyecto de ley –en este caso impulsado por el Equipo de Representantes de los Trabajadores en el BPS- que propone las mismas exigencias para el sector privado. Es decir, que vacantes existentes en empresas privadas sean ocupadas por personas discapacitadas.
Justo es decirlo que a nivel local la lucha de la Comisión Departamental del Discapacitado ha tenido respuestas, y una reciente entrevista a referente de la Cooperativa Social “Espacio Verde” –compuesta en su mayoría por personas con diferentes discapacidades- certifica que se han abierto espacios de trabajo tanto en la Intendencia como en Primaria, sin que ello signifique, por supuesto, que con ello se contemplen todas las necesidades.
Estamos frente a un tema que no puede pasar inadvertido, y para eso es preciso colocarlo en el debate de la opinión pública.