UPM, las empresas uruguayas y las exoneraciones

En la página de la Secretaría de Comunicación de la presidencia de la República se informa que las conversaciones entre el gobierno de Uruguay y la empresa finlandesa UPM, con la perspectiva de instalar la tercera fábrica de celulosa en el país, se encuentran en una etapa final de la primera fase, habiéndose logrado a la fecha importantes avances.
Según se informa, existe acuerdo respecto de los principales temas de la agenda de negociación sobre el desarrollo de la infraestructura y otros requisitos, así como el impulso a la concreción de los beneficios derivados del proyecto en términos del desarrollo nacional y local.
Sabido es que la citada empresa, que haría la mayor inversión de la historia de nuestro país –lo que habla del porte que la misma posee desde todo punto de vista- recibirá algunas exoneraciones, además de haber solicitado otros beneficios, los cuales seguramente se analizan en el marco de ese proceso de negociaciones.
Por supuesto que celebramos la concreción de esta inversión que, hablando desde la perspectiva laboral y económica, impactará positivamente en nuestro medio. Pero de lo que nos interesa hablar es de los beneficios –léase exoneraciones y otras yerbas- que está pidiendo UPM para poder instalarse en suelo uruguayo, y que, por lo que percibimos, el gobierno estaría dispuesto a analizar y en todo caso a conceder.
Obviamente que estamos hablando de un tema complejo, en el caso que nos ocupa asociado a la regla costo-beneficio, pero si medimos cómo se ha obrado en este sentido con las empresas genuinas –auténticamente uruguayas- creemos que éstas están en desventajas frente a los inversionistas multinacionales.
Vayamos a un ejemplo que nos comprende directamente. Las empresas periodísticas del Interior –la inmensa mayoría pequeñas y pocas medianas- poseían ciertas exoneraciones por haber sido consideradas durante muchísimos años como “culturales”. La reforma tributaria barrió con esos beneficios, y los aportes que las mismas realizan para poder funcionar se ajustan al mismo régimen que tienen las “grandes empresas” periodísticas del Uruguay. En pocas palabras, pequeñas y grandes empresas tributan bajo el mismo sistema.
La Organización de la Prensa del Interior –a la que está afiliada nuestra empresa Ecos S.R.L.- efectuó sus solicitudes ante las autoridades del gobierno, con argumentos bien fundados, entendiendo que ahí se registraba una injusticia que había que reparar. El gobierno nacional, a través de los organismos competentes, desestimó el pedido y a otra cosa.
Lo cierto es que algunas empresas periodísticas del Interior debieron cerrar y otras tantas sufrieron el impacto de esa reforma tributaria, que cuidaba celosamente que las exoneraciones fueran las mínimas posibles. A esa regla nos ceñimos sin “llorar la milonga”, como dicen vulgarmente los uruguayos.
Hace pocos días, durante la visita a Flores, la directora del BPS Cra. Elvira Domínguez, representante de los empresarios en ese organismo, dijo que en el directorio de este organismo no se está de acuerdo con las exoneraciones. “Siempre que se exonera a alguien, otro está pagando por ello (…), por tanto estamos frente a una actitud discriminatoria”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que “si por una ley se aprobase algún tipo de exoneración, no tenemos otra alternativa que aplicarla”.
Veremos qué suerte le depara a UPM…

 

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