Mucho más que un “día histórico”

Muchos han calificado como “día histórico” al 19 de julio de 2017 porque fue la fecha de entrada en vigencia de la ley 19.172, destinada a regular la producción, distribución y venta de cannabis, o marihuana para decirlo en el término más común.
En verdad que es histórico, porque Uruguay se convierte en el primer país del mundo en el que se vende marihuana para uso recreativo en las Farmacias, lo que significa una señal acabada de que el problema del narcotráfico preocupa en gran medida, siendo por eso que se decidió cambiar el rumbo de un combate que hasta ahora ha sido favorable a los mercaderes de la droga.
Significa además, estar en consonancia con las demás fuerzas políticas, hoy opositoras al actual gobierno frenteamplista, que desde hace unos años habían presentado iniciativas –aunque de diferente tenor- tendientes a establecer un control en la comercialización de la marihuana, viendo que el mercado estaba en manos de los narcotraficantes, tal como sucede en todo el mundo, cuyos propósitos superan incluso los intereses económicos.
Por supuesto que hubiéramos preferido que la ley 19.172 no existiera, si pensáramos que la cultura uruguaya está fuera del contexto mundial en materia de venta ilegal de las drogas, pero no es así. Y a la vista de los antecedentes, que indican que el mercado negro de las drogas sigue ganando espacios en la comunidad internacional, había que hacer algo diferente para poder, al menos, controlar ese flagelo.
¿La ley puesta en ejecución es la solución perfecta? Se hace difícil saberlo, pero seguramente no lo es. Lo importante en esto, a nuestro juicio, es asumir los riesgos con valentía, proponiendo el uso de una herramienta nueva para intentar frenar el avance del narcotráfico, con lo que ello implica para la nación.
Un aspecto en el que nos interesa enfatizar tiene relación con que la ley vigente –que está lejos de estimular el consumo- establece una serie de políticas educativas que tienen como objetivo la promoción de la salud, aspecto que ha permanecido rezagado en los análisis, especialmente de aquellos que se han dedicado más a criticar que a aportar soluciones.
En ese sentido cabe destacar que el Sistema Nacional Integrado de Salud deberá “disponer de las políticas y dispositivos para la promoción de la salud, la prevención del uso problemático de cannabis, así como disponer de los dispositivos de atención adecuados para el asesoramiento, orientación y tratamiento de los usuarios problemáticos de cannabis que así lo requieran”.
Pero además, el Sistema Nacional de Educación Pública “deberá disponer de políticas educativas para la promoción de la salud, la prevención del uso problemático de cannabis desde la perspectiva del desarrollo de habilidades para la vida y en el marco de las políticas de gestión de riesgos y reducción de daños del uso problemático de sustancias psicoactivas”.
Por otra parte, “será obligatoria la inclusión de la disciplina Prevención del Uso Problemático de Drogas en las propuestas programáticas y planes de estudio para educación inicial, primaria, secundaria y técnico-profesional, formación docente y en la Universidad Tecnológica”.
Todo eso, sobre lo cual habrá que poner especial énfasis, obviamente, más el complejo sistema instrumentado para la adquisición del cannabis, constituyen “cierres de seguridad” en los que habrá que confiar a la espera de los mejores resultados.
No hay que olvidar que en los resultados que surjan de la aplicación de esta revolucionaria ley está también la esperanza de la comunidad internacional.