Información, verdad y justicia también en el Interior del país

Informábamos en ediciones pasadas que el nuevo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se propone expandir sus servicios al Interior del país, durante este quinquenio.

Su nueva Presidenta, la Jueza Mariana Mota, electa por la Asamblea General del Parlamento uruguayo para asumir ese cargo junto a otros cuatro directores, afirmó que el nuevo Consejo continuará cumpliendo sus tareas actuales en un organismo que, creado en 2012, fue consolidando su trabajo, pero aún puede «crecer» y «elevar las metas propuestas».
En ese sentido, la magistrada, que dejó su cargo en la Suprema Corte de Justicia para asumir este nuevo rol, afirmó que la «propuesta fundamental» de la INDDHH implica llegar a «todos los rincones del país» para ejercer su competencia de igual forma a la que se ha venido desarrollando en la capital uruguaya.
«Quienes nacimos en el Interior sabemos bien las dificultades que hay para acceder a toda la información. Las necesidades son diferentes a las de Montevideo y por ende es necesario difundir y dar educación para que todos puedan saber cuáles son sus derechos y a dónde acudir cuando son indebidamente restringidos», manifestó Mota.
Esto nos parece fundamental, en la medida en que el Interior, en lo que refiere a estos asuntos, parece estar muy lejos de la realidad que se experimenta en la capital.
El centralismo montevideano también aquí juega su rol, y es imperioso que expresado por la nueva Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos finalmente se cumpla, para hacer de Uruguay un solo país, y no Montevideo por un lado y el Interior por otro.
Otro aspecto no menos importante, tiene que ver con lo que la Jueza Mariana Mota expresó al asumir, en cuanto al tratamiento de los casos de condena de exmilitares uruguayos por crímenes de lesa humanidad, cometidos en la última dictadura (1973-1985).
En ese sentido dijo que se buscará seguir en esa «lucha» desde otro rol igualmente comprometido con la consigna de búsqueda de verdad y justicia.
Mota sostuvo que «hay que rescatar esa memoria que está también en el Interior del país para darle información a las propias comunidades sobre lo que ocurrió con sus integrantes».
Específicamente en Flores hay a nivel judicial una denuncia de torturas cometidas en el cuartel de Trinidad en la época de la dictadura, que aún no se ha dilucidado. Han comparecido las víctimas que denunciaron las violaciones de derechos humanos cometidas por el médico militar Nelson Fornos Vera, y también prestó declaraciones el denunciado y otros militares de esa época, pero hace mucho tiempo que no se conoce información sobre el avance del proceso. Más bien nada se ha avanzado, según los denunciantes.
Es necesario que, ante esta realidad, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo tome cartas en el asunto, no ya para incidir en las decisiones de la Justicia, obviamente, pero sí para que todos sepamos qué pasó con esos hechos de tortura; denuncia que fue realizada por FEMI en 1986 y que se desarchivara recién bajo el gobierno de José Mujica.