Una norma que no debería existir, pero…

El Presidente Tabaré Vázquez firmó el decreto que mandata a los jerarcas de la Administración Central a rendir cuentas de los viáticos de las misiones oficiales al exterior del país y, si hubiera monto sobrante, devolverlo.
La obligación abarca al Presidente de la República, Vicepresidente, el Secretario y el Prosecretario de la Presidencia, Ministros y Subsecretarios, Directores y Subdirectores de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la Dirección General de la Presidencia, Directores Generales de Secretaría y de unidades ejecutoras, titulares de cargos del escalafón Q y todos los cargos o funciones en el mismo nivel jerárquico y de sueldo en la Administración Central.
Según la iniciativa, el viaje será acreditado con fotocopia del pasaporte, tickets aéreos o de embarque y alojamientos. La Contaduría General de la Nación redactará un instructivo para rendir los gastos.
Finalmente, el decreto exhorta a las autoridades de los entes autónomos y servicios descentralizados a la adopción de estas disposiciones.
El Prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo explicó que el decreto pretende “establecer con mayor claridad que el sobrante que haya por viáticos, por cualquiera de esos ítems, se devuelve. En algunos casos podrá ser mucho, en otros casos podrá ser muy poco; depende del país a donde vayamos. Uruguay ya tiene un sistema que es austero. No importa. El Presidente de la República quiso dar un paso más en ese sentido y, más allá de la significación económica, es una señal de austeridad y de transparencia que creemos que la sociedad necesita ver”, añadió.
La norma establece “sanciones” para quien no cumpla en tiempo y forma con la liquidación. El sobrante tiene que devolverse y, mientras tanto el responsable no cobra el sueldo.
“El decreto “no es un saludo a la bandera”, no es una “medida simbólica, es “una medida real, contundente”, afirmó Roballo.
Con estos elementos a la vista, cada uno de los lectores puede hacer su propio análisis.
A nuestro juicio no debería existir norma alguna que determine lo que corresponde al sentido común, más aún cuando estamos utilizando dineros públicos, o sea, recursos que son de todos los contribuyentes uruguayos, que son los que sostienen al pesado Estado.
Si la norma existe es porque algo anda mal, y eso es una señal de que para algunos la ética no es prioridad en estos casos. Se tiene que llegar a esta situación, de que el Presidente de la República tenga que presentar un proyecto de ley para que algunos cumplan con la obligación moral de usar bien los dineros públicos.
Claro que la norma va dirigida a determinadas dependencias del ejecutivo, pero nadie puede quedar al margen de esa responsabilidad moral y ética, tampoco aquellos que han sido electos por la ciudadanía, Senadores, Diputados, Legisladores Departamentales, Intendentes, Concejales y todos los que manejan recursos públicos.
En todo caso, no está mal poner las barbas en remojo…

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