Una nueva y vital herramienta contra la violencia de género

A pocos días de aprobada la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia basada en Género, hay coincidencias –y es bueno que así sea- en cuanto a que esta norma representa un avance sustantivo en las respuestas que el Estado debe implementar desde los poderes Ejecutivo y Judicial y desde la Fiscalía General de la Nación.

Tal como se ha informado, la norma define las directrices para las políticas públicas y mandata a las instituciones a intervenir, adoptar y ejecutar programas, acciones y protocolos.
Todos estamos cada vez más informados sobre estos temas, y en ese sentido el aporte de las instituciones que en Flores trabajan en torno a la lucha contra la violencia de género ha sido vital, más allá, naturalmente, de la actitud de los medios de comunicación en cuanto a la puesta en debate público de este tipo de problemáticas.
La norma fue aprobada el pasado 13 de diciembre en el Parlamento Nacional, casi seis años después de presentada, y tras un intenso y constante trabajo realizado por las instituciones, de hacer comprender a los actores políticos sobre la necesidad de contar con una herramienta capaz de avanzar en la erradicación de un grave flagelo instalado en la sociedad.
La primera cosa es que esta norma reconoce la complejidad de la violencia de género que afrontan las mujeres de todas las edades y en diferentes ámbitos, ya que enumera los ataques físicos, psicológicos o emocionales, sexuales, por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad de género o expresión de género, económicos, patrimoniales, simbólicos, obstétricos, laborales, políticos, mediáticos, femicidios y acosos sexuales callejeros, así como los lugares donde ocurre: doméstica, comunitaria e institucional, explicó.
También quedan reconocidos por ley los derechos específicos de las víctimas; el respeto a la dignidad, intimidad y autonomía, a la confidencialidad, a no ser sometidas a ninguna forma de discriminación, a recibir información clara y accesible, y a contar con protección y atención integral especializada, así como a la reparación del daño.
Por otro lado, la ley fortalece el acceso a la justicia y a las medidas de protección, la adecuación de los procesos a las necesidades específicas de las distintas poblaciones, es decir niñas, niños, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores, y la reparación integral. Asimismo, reconoce la necesidad de adoptar políticas educativas, culturales y comunicacionales para la erradicación de pautas culturales que sustentan la violencia, para lo que es indispensable la sensibilización y participación de todos.
En esa tarea han estado las diversas instituciones de nuestro medio, en un mes de noviembre que fue clave en materia de actividades movilizadoras, destinadas a sensibilizar a la población sobre esta problemática.
Sería muy saludable que, ahora con la ley vigente, nos aboquemos a difundir –junto con las instituciones vinculadas al tema- los alcances de la misma, como forma de seguir profundizando en la lucha contra toda expresión de violencia, y en particular contra las personas más vulnerables de la sociedad.

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