Comisión local “No a la Baja” realizó jornada de sensibilización en Plaza Constitución

El pasado sábado se llevó a cabo en Plaza Constitución una “movida” promovida desde la Comisión Departamental “No a la Baja”, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de no apoyar la iniciativa que propone bajar la
edad de imputabilidad.

Como es de conocimiento, la reforma constitucional que propone bajar la imputabilidad a 16 años se someterá a plebiscito junto con las elecciones de octubre.
La propuesta de bajar la edad de imputabilidad, impulsada por “Vamos Uruguay”, sector liderado por Pedro Bordaberry del Partido Colorado y apoyada por el sector nacionalista “Todos Hacia Adelante” de Lacalle Pou, se plantea como solución ante los problemas de inseguridad que existen en el país.

El sábado 9 en la tardecita, la Comisión local de “No a la Baja” integrada en su mayoría por jóvenes, instaló en Plaza Constitución un stand con folletería que fue distribuida durante el espectáculo artístico que animó la jornada hasta la noche.
En el escenario montado en la principal plaza de Trinidad actuaron varios grupos musicales.

ALGUNOS ARGUMENTOS PARA “NO” A LA BAJA
Varias personalidades vinculadas a instituciones que cumplen un rol fundamental en la sociedad han manifestado su opinión contraria a bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, que será objeto de un plebiscito.

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia Dr. Jorge Ruibal Pino se opone a la baja de la edad de imputabilidad penal. Establece que hay problemas en la institucionalización de dos franjas, los de 13 a 18 años y los mayores, que en sus lugares de reclusión sufren de malos tratos, hacinamiento, etc. “Hay que recordarle a la población en general que por más que sean reclusos, son personas”, dijo Ruibal Pino, quien considera que al bajar la edad de imputabilidad se creará una franja intermedia que no tiene donde ser ubicada.

Ricardo Pérez Manrique también ha dado a conocer públicamente su visión contraria a la propuesta que tiene el respaldo del Partido Colorado y de los sectores nacionalistas que acompañan a Luis Lacalle Pou. Él considera que es una medida que no resultó en ningún país del mundo. En cambio propone políticas preventivas y de reeducación, de las que hoy estamos lejos.

Otro sector de la población en contra es la Facultad de Derecho. Su Consejo se pronunció en contra. El consejero por el orden de los egresados, que representa al Frente Zelmar Michelini (Frezelmi, vinculado al Frente Amplio, y que tiene mayoría en el orden estudiantil), Martín Esposto, dijo que la posición de la mayoría del Consejo de la Facultad de Derecho es que bajar la edad de imputabilidad no es una solución de fondo.

“No es una solución de fondo, porque no tiene una base sociológica o argumentos jurídicos relevantes, ya que los menores son juzgados por sus acciones en un sistema especial juvenil para aquellos entre 13 y 17 años. Si esta reforma se aprobara, Uruguay, de tradición internacional casi impecable, pasaría a violar algunos tratados internacionales sobre minoridad que firmó y ratificó”, expresó Esposto.

Incluso la Iglesia Católica ha fijado una opinión en contra, desde el mismísimo Papa Francisco I hasta nuestro novel arzobispo Daniel Sturla, quien ha cuestionado esta medida en varias oportunidades, diciendo que da un mensaje negativo y que no soluciona los problemas.

Declaró que su primera opinión negativa sobre el proyecto fue una cuestión de piel, tal como me pasó a mí, que si bien no conocía nada, me sonaba mal bajar la edad de imputabilidad. Al irme informando me di cuenta que ese presentimiento estaba en lo correcto y dejaba de ser una opinión light o postmoderna”, dijo Sturla, quien  planteó que le generaba rechazo una medida que afecta a los jóvenes que provienen de barrios carenciados, por sus años de trabajo con jóvenes, especialmente de contexto crítico. “Si bien mi experiencia en el trabajo comunitario no es comparable, me pasa lo mismo, me genera cierto rechazo una medida en contra de los menos privilegiados”, afirmó.

El arzobispo también critica que el proyecto de ley proponga la creación de un instituto especializado para atender menores, cuando existe uno con estos propósitos que se llama Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).
“A modo personal, si bien el Sirpa tiene sus críticas y falencias, en vez de construir otro, ¿por qué no trabajar para mejorar lo que ya tenemos?”, se preguntó Sturla.